A pesar de que en el Ecuador, la Constitución de la República -2008-, en el Art. 66, numeral 3, acápite b, reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y en el Art. 11, numeral 2, garantiza los derechos a todas las personas y explicita que nadie podrá ser discriminado por su orientación sexual o identidad de género, y después de que se despenalizara la homosexualidad en 1997, en el país aún se sigue solapando la existencia de clínicas de rehabilitación de adicciones2, que de manera clandestina ofrecen “curar la homosexualidad”. A través de este y otros mecanismos de control y regulación se siguen perpetuando prácticas violatorias a los derechos humanos en contra de las personas LGBTI, con mayor incidencia en contra de las mujeres lesbianas.

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